sábado, 3 de septiembre de 2011

¿Reformar? … Mejor cumplir.


Llueve sobre mojado. Por si no había motivos suficientes para indignarse, ahora pretenden llevar el recorte de las prestaciones sociales a la Constitución. Restringir el endeudamiento del Estado equivale a limitar el gasto social: ¿para qué si no se endeudan los estados?
Antes de reformarla, por qué no se preocupan de hacer cumplir los derechos que recoge, por ejemplo: trabajo, vivienda, etc…
La reforma de la Constitución ha sobrevolado la escena política en otras ocasiones, pero independientemente del motivo: leyes de Sucesión de la corona, cambios del Senado o electorales, siempre se nos vendió que era un proceso complejo que requería tiempo y amplios consensos.
Llama, por tanto, poderosamente la atención la enorme celeridad con que se han sucedido, en esta ocasión, los acontecimientos. En un pis-pas tenemos planteada, redactada y aprobada la modificación. También sorprende lo fácilmente que se han puesto de acuerdo los partidos mayoritarios en este asunto teniendo en cuenta que el PP lleva meses o años criticando todas y cada una de las decisiones del ejecutivo. Esta vez se han portado como niños buenos y obedientes: ¿qué sacrosanto poder les ha puesto de acuerdo? Por otro lado, y esto no es nuevo, no solo estos partidos han dado la nota, los nacionalistas han dejado nuevamente muestras de su sectarismo y falta de solidaridad intentando, sin venir a cuento y patéticamente, sacar tajada. Más asombroso es, si cabe, que esta reforma no formaba parte en absoluto del debate político nacional. ¿Acaso la Constitución de los españoles se escribe desde Berlín y París?
Pero esto no es lo peor. ¿Por qué estos cambios? Según las manifestaciones de los políticos es para salir de ésta, y evitar futuras crisis. Pero, ¿fue la deuda de los estados la que propició la actual crisis económica? ¿No fueron, más bien, los desmanes especuladores de la banca internacional las que la iniciaron, y en su caída han provocado un efecto dominó que ha terminado arrastrando a los estados?¿Por qué debe ser el Estado el que ajuste sus cuentas? ¿Por qué no le exigen responsabilidades y medidas de contención a la banca? Son ellos los que provocaron la crisis. Son ellos los que deberían controlar cómo y en que usan nuestro dinero. Y, sobre todo, si, de verdad, quieren evitar problemas financieros a los estados: ¿por qué no prohíben la especulación con la deuda pública? No parece que los mandatarios europeos estén por la labor. Sólo ahora, después de todo lo que ha llovido, se han atrevido a establecer un impuesto para este tipo de transacciones, antes ni eso. ¿Qué poder no tendrán los que están detrás de estos movimientos financieros que se les permite, sin ni siquiera toserles, que hagan y deshagan, incluso poniendo en riesgo la economía de naciones enteras (Grecia, Portugal, Irlanda, España, Italia…)?
Entonces, ¿a quién beneficia esta reforma? ¿A los ciudadanos, que ven recortada la capacidad de maniobra económica del gobierno o, a los mercados, que necesitan estados fuertes que les permitan seguir jugando a los suyo y seguros de que” papaíto” vendrá a rescatarles en caso de peligro?
Esta reforma es una perversión de la Constitución. En sus orígenes, aunque es imposible la asepsia ideológica, se creó para dar cabida, dentro de los usos democráticos, a todas las ideologías. Sin embargo, estas alteraciones económicas introducen en la Carta Magna un grave sesgo ideológico. Limitar la capacidad de endeudamiento del Estado impide la priorización, por parte de un hipotético futuro gobierno, de las políticas sociales. Esta reforma se ha escrito al dictado de las tesis neoliberales y en contra de políticas sociales.
¿Es tan malo endeudarse? Acaso, nosotros como particulares, no estamos endeudados hasta las cejas: hipoteca, letras del coche, créditos personales, etc… ¿En virtud de qué aceptamos y sobrellevamos este endeudamiento? Es fácil, con él perseguimos el bienestar, lograr aquellos bienes a los que nuestra sociedad atribuye la felicidad. ¿Podrá el Estado procurarnos el bienestar sin endeudarse? ¿Cuál es la misión del Estado: ganar dinero o servir a los ciudadanos?


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